Rabia legítima. Ciudadanos frente a propaganda institucional

Texto publicado en Revista Lars, cultura y ciudad. nº 9 Arquitectura y memoria. Octubre de 2007

En el escenario poliédrico y cambiante en que se han convertido las ciudades y metrópolis contemporáneas, cada vez resulta más complejo generalizar o unificar la imagen exterior que una determinada urbe puede o debe ofrecer. Instalados todos en una sociedad híper-competitiva, cada ciudad lucha por rastrear en su patrimonio artístico y medioambiental, en su capacidad de generar riqueza u organizar eventos destacables, en la calidad de vida o las obras faraónicas… para dar con una imagen que compile y potencie sus cualidades más sobresalientes, aspirando conseguir un icono que la transforme en marca. Las imágenes de ayer y hoy son proyectadas hacia un futuro inmediato que deviene “presente perpetuo”, donde estos iconos y marcas son intercambiables y mutables y absolutamente todo es susceptible de venderse y comprarse. La complejidad lógica estriba en mantener el equilibrio entre la defensa cultural y medioambiental del patrimonio con las necesidades y demanda de vivienda; ofertar diferentes niveles de cultura y saber discernirla del turismo o del entretenimiento; adquirir y mantener un nivel de vida mayoritario acorde con los tiempos, sin quedarnos por ello sin aire que respirar o sin agua para beber… entre otros antagonismos que deben, sin embargo, convivir. La complejidad inherente a estos procesos de transformación continua no es asunto que pueda resolverse únicamente con la presencia de políticos o gestores públicos, pero es lógico que volvamos hacia ellos la mirada y lancemos sobre ellos nuestras preguntas sobre éstos u otros temas de difícil solución cuando la propaganda institucional de un lugar se equipara a la publicidad consumista digna de productos desechables. O cuando se contabilizan los logros de determinados proyectos colectivos en el haber de esos mismos gestores, no tan dados a la asunción de responsabilidad cuando los éxitos mudan a fracasos. Y aún más, cuando desde el poder se desoyen las sugerencias de los vecinos y colectivos afectados por esas decisiones, o son entendidas como meras objeciones partidistas a su política.

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